jueves, 24 de diciembre de 2015

URGEN SOLUCIONES

Por: Jorge Gómez Barata

Los cubanos varados en Costa Rica y Panamá están en una situación sin salida. Ningún país los admite, no les permiten continuar camino y no se conoce de alguno dispuesto a regresar al suyo. El número que se incrementa cada día alcanza una magnitud que dificulta su manejo.

La situación es resultado de una empresa en la que sin concertarse, sin liderazgos ni apoyo alguno, varios miles de cubanos han emprendido una aventura sin parangón en la historia. Se trata de partir de Cuba a Ecuador en el centro del mundo, lo cual hicieron legalmente, amparados en la exención de visado que hasta hace poco rigió en el país sudamericano y aprovechar la posibilidad de llegar por tierra a los Estados Unidos.


La operación, según se sabe, coordinada y realizada por traficantes de personas, previo pago de sumas ascendentes a miles de dólares por persona, se efectuó durante años de modo ilegal, aunque tolerado por autoridades que miraban para otro lado.

El éxodo, que suma miles de personas, se realizaba por pequeños grupos y comenzaba por viajar desde Cuba a Ecuador, pasar a Colombia y, utilizando autobuses, embarcaciones, incluso a pie, transitar por nueve países: Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, y México para, finalmente arribar a Estados Unidos. En total más de cinco mil kilómetros. El empeño fue bautizado como el “Viaje de las diez fronteras.”

En ninguna época, ni cuando los conquistadores exploraron el Continente, tampoco en la lucha por la independencia ni en los catastros para trazar las fronteras, se realizó un proyecto de proporciones semejantes.

Los protagonistas que carecen recursos, liderazgos y de apoyo, no huyen de Cuba, sino que se marchan, no por hostilidad al sistema o al gobierno, sino porque no encuentran allí respuesta a lo que ellos consideran opciones legítimas de bienestar y solvencia personal.

La meta que hoy día Cuba no discute, sino que facilita con normas migratorias flexibles, es favorecida por Estados Unidos que, en virtud de la Ley de Ajuste Cubano, una legislación obviamente política, los acoge, los apoya, les concede residencia y eventualmente ciudadanía. Lo único que no hace es ayudarlos a llegar a su destino, que es precisamente lo que ahora, ellos y no Cuba, necesitan.

Aunque por razones distintas, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba toman distancia. Los primeros reiteran que si llegan entran y los segundos aseguran que si regresan serán acogidos. Ninguno los condena pero tampoco expresan comprensión ni disposición para ayudarlos.

No hace falta ser excesivamente fatalista para prever que en una situación que involucra a miles de personas frustradas, viviendo en condiciones deplorables, puede sobrevenir una tragedia que obligue a improvisar decisiones.

Ninguno de los gobiernos concernidos, especialmente los de Estados Unidos y Cuba pueden considerar que han hecho sus deberes con pronunciamientos que esclarecen sus posiciones.

En cualquier caso la situación pone a prueba la voluntad de Estados Unidos de rectificar políticas y de ambos países para negociar soluciones. Ahora no se trata solo de sutilezas o de razones de estado. Hay personas que sufren, peligran y esperan. ¿Quién dará el primer paso al encuentro? Allá nos vemos.