martes, 21 de julio de 2015

Estados Unidos – #Cuba, ¿quién debe a quién?

Por Ruslán Olivares (ruslan.olivares@jovenclub.cu)

Ya la enseña nacional ondea en la embajada cubana en Washington y pronto las barras y las estrellas lo harán frente al Malecón de La Habana. Sin embargo, sólo es la primera losa en el camino, problemas muy serios enfrentan Cuba y Estados Unidos en el proceso de normalización de sus relaciones. Uno de los más engorrosos es ¿quién debe a quién?

En este tema en particular existen tres posiciones muy bien definidas:


1 – Los que consideran que Cuba debe indemnizar a los ciudadanos de Estados Unidos por las propiedades que les fueron confiscadas en la Isla tras el triunfo revolucionario de 1959 (como el Gobierno cubano hizo con los nacionales de otros países).

2 – Los que consideran, por el contrario, que Cuba debe ser indemnizada por Estados Unidos por los daños sufridos por el bloqueo norteamericano (los cuales superan considerablemente el valor de las propiedades estadounidenses confiscadas en Cuba).

3 – Los que consideran que ambas naciones deben hacer borrón y cuenta nueva y colocar el contador en cero.

Dentro de los defensores de la primera posición se encuentran los representantes de la línea dura contra el gobierno de Cuba que tienen su cuartel general en Miami, junto con un grupo de empresarios estadounidenses y cubanoamericanos (pretenden clasificar pasando gato por liebre), cuyos intereses fueron afectados por la política de nacionalización de la Revolución Cubana. Si bien con los primeros (los estadounidenses) Cuba puede, y tal vez debe, por interés político negociar, con los segundos (los cubanoamericanos) no hay nada que hablar – so pena de echar por la borda cualquier posibilidad de arreglo real – pues en el momento de ser confiscadas sus propiedades, los mismos o sus descendientes no poseían la ciudadanía estadounidense y, por tanto, no deben ser comprendidos dentro de las supuestas indemnizaciones a pagar por Cuba a los nacionales de ese país.

No voy a opinar en este momento sobre si Cuba debe negociar o no con los cubanoamericanos por separado (nunca se debe hacer dentro de las conversaciones bilaterales con Estados Unidos, pues sería vergonzosa concesión inútil) sobre sus propiedades confiscadas en Cuba. Sólo quiero dejar claro que, en mi opinión, el tema sobre las posibles compensaciones con los que eran ciudadanos cubanos en el momento de producirse las nacionalizaciones, es, sobre la base del Derecho, un asunto interno de Cuba en el que no deben intervenir terceros interesados.

Por último, y sólo porque no digan que no dije lo obvio, apoya la posición de que Cuba debe indemnizar a los propietarios estadounidenses (además de a los cubanoamericanos) la oposición cubana, atada umbilicalmente a Miami. Cualquier cubano con dedos de frente y un mínimo de sentido común comprende que el país no se encuentra en condiciones de pagar ningún tipo de indemnización a Estados Unidos y que cualquiera que apoye semejante posición, por mucho que se trate de vender como cubano y como patriota está asumiendo una posición antinacional. Pero así es nuestra “oposición”, antinacional y por completo divorciada de la realidad y el sentido común.
En una segunda posición se encuentran los que entienden que es Estados Unidos quien debe indemnizar a Cuba por daños materiales y humanos, lo que tiene, además, una base legal en Cuba.

La práctica de que un Estado agresor indemnice a la víctima es de larga práctica en el derecho internacional y, si uno se ajusta a la verdad histórica – suficientemente probada en los propios documentos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos – queda claro que Washington ha llevado contra Cuba una agresión abierta por más de cincuenta años y debería en justicia indemnizarla.

Sin embargo, el mundo no funciona así ni por asomo, y cualquiera con un mínimo de realismo político entiende que ningún gobierno de Estados Unidos, ni ahora, ni nunca – a menos que desee suicidarse políticamente – reconocerá haber agredido a Cuba y muchísimo menos pedirá disculpas por haberlo hecho. No lo ha hecho con nadie y no lo hará con cuba. Puede un gobierno estadounidense, incluso, aceptar indemnizar individualmente a determinadas víctimas de sus actos criminales, pero aceptar postrarse ante otro Estado, más si es uno pequeño y débil, está más allá de lo imposible.

Por tanto queda a los defensores de esta segunda posición, por muy justa que sea, mantenerla a toda costa (seguramente nuestro Gobierno la sostendrá como posición oficial en las negociaciones, pero manejará otras opciones) y conservar, con suerte, el penoso estatus quo en que hoy nos encontramos; prolongando con un empecinamiento tan patriótico como estéril el sufrimiento del cubano humilde; o, sostenerla hasta límite de lo aconsejable (como los constituyentes de 1901) y asumir otra posición más flexible por el bien de Cuba.

Y, por último, están los que piensan que los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos deben renunciar a las indemnizaciones que ambos se exigen y pactar tablas en una partida tan compleja que cualquier intento de forzarla puede llevar a la derrota.

En este camino parecen estar interesados los gobiernos de ambos países (de no haber sido así lo más seguro es que no se hubiesen reanudado las relaciones diplomáticas). Los empresarios de Estados Unidos, incluso aquellos que fueron afectados por las nacionalizaciones, comprenden, pragmáticamente, que, a más de cincuenta años después de ese proceso de expropiación, en Cuba queda muy poco que valga la pena recuperar y que, incluso, aquellos sectores en los que podría ser rentable dar la batalla (inmuebles y tierras) el proceso sería demasiado complicado y sin garantías de éxito. Entienden también – y a esta conclusión debió llegar también el Gobierno de Estados Unidos – que en las condiciones de pobreza en que se encuentra sumida Cuba, ni siquiera un gobierno soñado encabezado por sus mercenarios de la oposición (por más que quisiera éste) estaría en condiciones de asumir tamaña deuda. Por tanto es mucho mejor dejar de llorar sobre la leche derramada y recibir en compensación, tal vez, algunas ventajas que Cuba si podría llegar a ofrecer en el campo de las inversiones o las políticas arancelarias.

También en Cuba esta parece ser la opción menos mala para todos. Para el pueblo llano significaría un poco de paz: la llegada de la tranquilidad después de décadas de desgastante (para nosotros) confrontación. Por fin los pobres podrán dormir tranquilos sin temer de que vengan del Norte a sacarlos de las casas y ponerles los bultos en la calle (ese miedo, un poco irracional, que tanto explotó nuestro gobierno, para tratar de “acercar” a la gente el tema de las “reclamaciones enemigas” cuando a esa misma gente comenzó a importarle un comino que les reclamaran a Cuba las fábricas o los hoteles). Pero es, sobre todo, una buena opción para gran parte de la burocracia cubana y sus descendientes que, han usufructuado esos bienes confiscados por décadas y sobre los que se sienten cada vez más dueños.