domingo, 22 de febrero de 2015

EL PODER DEL JUEZ

clip_image001Por: Jorge Gómez Barata

La independencia del poder judicial no es un defecto de la estructura estatal vigente en la mayoría de los países avanzados, sino una virtud. El precepto es válido aun cuando las manipulaciones legales, los fallos judiciales erróneos o injustos, dictados por jueces incompetentes, corruptos, cobardes o políticamente comprometidos, lo desmienten.

Se trata de la dialéctica entre lo estructural y lo funcional y del empeño por perfeccionar los sistemas políticos que son más eficaces allí donde los poderes están separados, rige el laicismo. y la democracia basada en constituciones y leyes se afirma en ejercicios electorales. De esa urdimbre que suma doctrinas, valores, liderazgos, y otros factores nacen las metas compartidas, los consensos nacionales y la legitimidad del poder.   

Aunque alimentado por otros referentes, los sistemas políticos iberoamericanos y los respectivos poderes judiciales se modelaron a la imagen de los Estados Unidos, de donde asimilaron también el desmesurado poder de los jueces.

La Corte Suprema de los Estados Unidos es el único tribunal establecido por la constitución norteamericana, y sus decisiones, inapelables, crean precedentes que los tribunales y todas las demás estructuras de poder están obligadas a observar. Debido a que los cargos de presidente y jueces de la Corte Suprema se ejercen de por vida, en Estados Unidos han gobernado 43 mandatarios, pero solo ha habido 17 presidentes del Tribunal Supremo.

  No obstante, el derecho liberal creó una figura jurídica y tipificó un delito que solo pueden cometer los jueces o los que, de alguna manera, administran justicia, se trata de la prevaricación. Prevaricar es dictar a sabiendas, o sea conscientemente, un auto judicial o condena injusta. Es la peor falta que puede ser cometida por un juez o autoridad judicial.

Ante la opulencia de los hechos y lo obvio de lo erróneo o lo injusto, la opinión pública tiene derecho a preguntarse sino prevaricó la jueza Joan A. Lenard, que en evidente manipulación política impuso penas desmesuradas a los cinco antiterroristas cubanos.

No es acaso evidente que un juez del distrito de Nueva York, en este caso Thomas Grielsa no debiera, bajo ningún concepto, estar habilitado para juzgar y condenar a un estado como la Argentina, y a beneficiar con su fallo a una mafia de vulgares especuladores financieros internacionales.

También es un hecho que en torno al caso AMIA, ejemplo antológico de la ineficacia de la administración de justicia de Argentina, y que recientemente incluyó la enigmática muerte del fiscal Nisman, se utiliza para poner contra las cuerdas y probablemente para incoar un golpe de estado judicial contra la presidente Cristina Fernández.

Un juez de Texas ha paralizado las decisiones del presidente Obama respecto a millones de indocumentados. Hay razones para preguntarse dónde estaban los jueces cuando la CIA derrocó a Mossadeg en Irán, cuando Reagan ordenó invadir Granada y Bush a Panamá y cuando Kennedy decretó el bloqueo a Cuba y  asumió la responsabilidad por bahía de Cochinos. 

Ante situaciones evidentes, el sistema político, en los marcos de la democracia y, sin con el agua sucia botar la criatura, debería moderar la omnipotencia de jueces, que como humanos no sólo cometen errores, sino que están sometidos a influencias malignas. Es parte de la obra que está por hacer. Allá nos vemos.